Estudio Jurídico Poisson & Freyre ads

𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚: 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐝𝐞 𝟗𝟎 𝐝𝐢́𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐀𝐑𝐓. 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐨𝐬 “𝐌𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨” 𝐲 “𝐃𝐢́𝐚𝐳 𝐄𝐝𝐠𝐚𝐫𝐝𝐨” La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires continúa consolidando un criterio que prioriza la tutela judicial efectiva del trabajador frente a los límites temporales previstos en la Ley de Procedimiento Laboral (Ley Nro. 15.057). Así, tanto en “Magliano” como en “Díaz, Edgardo c/ La Segunda ART” (Expte. 24811/2019), el Tribunal declaró la inconstitucionalidad del plazo de 90 días para iniciar la acción judicial previsto en el art. 2 inc. j. La principal consecuencia práctica es retornar a la aplicación del plazo de prescripción de dos años, siempre que la inconstitucionalidad sea oportunamente articulada en la demanda. Sin embargo, la importancia de esta decisión excede lo procesal. Se pone de manifiesto la igualdad real y el acceso efectivo a la justicia. ¿Es coherente un modelo protector que castiga al trabajador registrado con un plazo de 90 días, mientras otorga al no registrado hasta dos o tres años para iniciar el reclamo? El voto de la Dra. María Inés Hernández en “Díaz, Edgardo” advierte que el sistema no puede transformarse en: “𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑒𝑟 𝑎𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎 𝑠𝑢𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠”. Además, el fallo evidencia la desigualdad interna que produce el límite temporal, llegando a señalar que: “𝑎𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (…) 𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜𝑐𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑟𝑖́𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑡. 2 𝑖𝑛𝑐. 𝑗 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑦 15.057 (…). 𝑆𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑎𝑠𝑖́ 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑎𝑟𝑡. 16 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑁).” En la misma línea, en “Magliano” la Suprema Corte sostuvo: “𝑛𝑜 𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 (…) 𝑠𝑒𝑎 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (…). 𝐷𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 (…) 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑢𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎́𝑔𝑖𝑙 (…) 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖́𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎́𝑛𝑑𝑜𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎”. Con la confirmación de “Díaz Edgardo”, la SCBA consolida doctrina legal obligatoria para los tribunales inferiores. Y para vos, ¿esta eliminación del plazo de 90 días fortalece la seguridad jurídica o la complejiza? Te leemos 👇 #DerechoLaboral #SCBA #Inconstitucionalidad #AccidenteLaboral #Magliano

𝐄𝐥 𝐩𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐚ñ𝐨 𝐬𝐞𝐠ú𝐧 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐠𝐮𝐫𝐨𝐬, 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐬𝐞 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐢𝐧𝐜𝐨 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐡𝐚𝐲 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐚 𝐅 𝐲 𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐚 𝐂. La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en el caso “Puppo, Diego Sebastián c/ Libra Compañía Argentina de Seguros SA” (10/11/2025), volvió a reafirmar un criterio que comienza a consolidarse: cuando el contrato de seguro involucra a un asegurado que reviste la calidad de consumidor, el plazo de prescripción no es el de un año previsto por el art. 58 de la Ley 17.418, sino el plazo general de cinco (5) años establecido por el art. 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación. Idéntico criterio sostuvo la Sala C en autos : "Lizondo Pedro Daniel c/ Orbis Compañia de Seguros S.A. s/ Ordinario".(sentencia del 22/05/2022). En "Puppo", el Tribunal sostuvo que la aplicación estricta del plazo anual resultaría regresiva y contraria a los principios constitucionales de protección del consumidor, previstos en la Constitución Nacional. En efecto, un plazo tan breve puede operar como una restricción práctica al acceso a la jurisdicción, motivo por el cual debe prevalecer el principio pro homine y la interpretación más favorable al consumidor. Asimismo, la Sala destacó que la derogación del art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor no habilita el retorno automático a la prescripción anual de la Ley de Seguros. En ausencia de un plazo específico que respete el nivel de tutela constitucional, corresponde integrar el sistema normativo recurriendo al “piso mínimo de protección” que establece el Código Civil y Comercial en materia de consumo. Por ello, el plazo quinquenal no deroga la ley especial, sino que condiciona su eficacia, impidiendo que ésta restringa derechos de manera desproporcionada. El Tribunal también aclaró que el precedente “Buffoni” de la Corte Suprema de Justicia no resulta aplicable, ya que fue dictado en un contexto diverso y no resolvió la cuestión prescriptiva en un marco de relación de consumo. En términos prácticos, la conclusión es clara: La Ley de Seguros sigue vigente, pero su plazo anual solo opera cuando no se verifica una relación de consumo o cuando el actor no invoca esa condición. Si el consumidor plantea expresamente el régimen protectorio, el plazo aplicable será de cinco años. Reviste importancia en los contratos de seguro de vida, y destrucción total de automotores o robo. [Antes de la divulgación de este comentario, se solicitó autorización a los actores para la mención de sus nombres, con el único fin de difundir el análisis del precedente.]

𝐄𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐏ú𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐛𝐨𝐠𝐚𝐜í𝐚 𝐥𝐨𝐠𝐫ó 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐫𝐭í𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬 𝟏𝟎 𝐲 𝟓𝟔 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥 (𝐋𝐞𝐲 𝟐𝟕.𝟖𝟎𝟐). El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del Dr. Martín Cormick, hizo lugar a la cautelar solicitada por el CPACF en un amparo colectivo. 𝟏. 𝐏𝐥𝐮𝐬𝐩𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢ó𝐧 “𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐚” (𝐚𝐫𝐭. 𝟐𝟎 𝐋𝐂𝐓): 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚 El texto anterior ya preveía costas solidarias entre trabajador y abogado ante una pluspetición inexcusable. La reforma agregó que se configura “de manera objetiva” ante la sobreestimación de créditos. Para el juez, el agregado carece de claridad, no guarda coherencia con la LCT e invade facultades judiciales. Como la pluspetición implica soportar costas aun con sentencia favorable, solo el juez puede determinarla, evaluando la responsabilidad subjetiva de la parte y su letrado. La Ley 23.187 ya exige actuar con lealtad, probidad y buena fe. Reforzó su decisión con la norma más favorable al trabajador (art. 9 LCT). Se mantiene el art. 20 LCT en su redacción anterior. 𝟐. 𝐏𝐚𝐠𝐨 𝐞𝐧 𝐜𝐮𝐨𝐭𝐚𝐬 𝐲 𝐡𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 (𝐚𝐫𝐭. 𝟐𝟕𝟕 𝐋𝐂𝐓): 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨 𝐋𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝟔 𝐜𝐮𝐨𝐭𝐚𝐬 𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐲 𝟏𝟐 𝐚 𝐌𝐢𝐏𝐲𝐌𝐄𝐬, 𝐬𝐢𝐧 𝐚𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐬𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐲𝐞 𝐡𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬. El juez recordó que los honorarios no son accesorios del capital de condena (CSJN, Fallos 327:2712), aunque integran las costas. Esa omisión genera incertidumbre. Además, autorizar cuotas sin intervención del titular del crédito aparece como una violación al derecho de propiedad. Para cobrar honorarios regulados y futuros rige la Ley 27.423. Su art. 54 fija el pago dentro de los 10 días de quedar firme la regulación. 𝟑. 𝐏𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐥𝐢𝐭𝐢𝐬: 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨 𝐒𝐞 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐥 𝐚𝐫𝐭. 𝟐𝟕𝟕 𝐋𝐂𝐓 𝐬𝐞𝐠ú𝐧 𝐞𝐥 𝐭.𝐨. 𝐝𝐞𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝟑𝟗𝟎/𝟕𝟔. A tener en cuenta: • La suspensión rige por 3 meses o hasta sentencia definitiva, lo que ocurra primero (art. 5, Ley 26.854). • Es un amparo colectivo. El Estado cuestionó la legitimación del CPACF; conviene verificar el alcance de la clase en cada caso. • Es una cautelar, no una sentencia de fondo. El Estado reservó el caso federal y es esperable que apele. • Se fijó caución juratoria al representante del CPACF. Mi lectura: reglamentar la profesión es válido, pero las normas deben ser claras y previsibles. Como recuerda el fallo, “𝐫𝐞𝐠𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫”. Habrá que seguir de cerca a la Cámara. ¿𝐘𝐚 𝐥𝐨 𝐞𝐬𝐭á𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐬𝐮𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬? 𝐂𝐚𝐮𝐬𝐚 𝟏𝟑.𝟓𝟔𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟔, “𝐂𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐏ú𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐛𝐨𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐲 𝐨𝐭𝐫𝐨 𝐜/ 𝐄𝐍 – 𝐋𝐞𝐲 𝟐𝟕.𝟖𝟎𝟐 – 𝐚𝐫𝐭𝐬. 𝟏𝟎 𝐲 𝟓𝟔 𝐬/ 𝐀𝐦𝐩𝐚𝐫𝐨 𝐋𝐞𝐲 𝟏𝟔.𝟗𝟖𝟔”.

¿𝐂ó𝐦𝐨 𝐬𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥𝐚 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐚𝐬 𝐚 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐣𝐮𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥? 𝐋𝐚 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐛𝐨𝐧𝐚𝐞𝐫𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐟𝐢𝐣ó 𝐞𝐥 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨 “𝐅𝐞𝐫𝐧á𝐧𝐝𝐞𝐳”, 𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐮𝐯𝐨 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐨 𝟓𝟓 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 𝟐𝟕.𝟖𝟎𝟐. En “Fernández c/ Ozuna”, la SCBA rechazó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802 y ordenó aplicar su fórmula de actualización al crédito reclamado. ¿𝐀 𝐪𝐮é 𝐣𝐮𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐫é𝐠𝐢𝐦𝐞𝐧? A los que estaban en trámite y pendientes de sentencia definitiva al entrar en vigencia la ley, incluidos los recursos de queja pendientes de resolución. ¿𝐂ó𝐦𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐞𝐥 𝐜á𝐥𝐜𝐮𝐥𝐨? Primero se aplica la tasa pasiva determinada por el BCRA para estos fines. Después, se compara el resultado con dos límites: 🔹 𝐔𝐧 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐨: 𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 —𝐬𝐞𝐠ú𝐧 𝐞𝐥 𝐈𝐏𝐂— 𝐦á𝐬 𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫é𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝟑 % 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥. 🔹 𝐔𝐧 𝐩𝐢𝐬𝐨: 𝐞𝐥 𝟔𝟕 % 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐞 ú𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐜á𝐥𝐜𝐮𝐥𝐨. Si el resultado queda por debajo del piso, se aplica el piso. Si supera el techo, se aplica el techo. Si queda entre ambos, se mantiene el resultado. ¿𝐄𝐬𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐥𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦á𝐭𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝟑𝟑 %? No. El 67 % funciona como un mínimo dentro de ese mecanismo. El resultado depende de la liquidación de cada caso. ¿𝐏𝐨𝐫 𝐪𝐮é 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚𝐳ó 𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨? Consideró que la diferencia entre los regímenes de actualización tenía una justificación objetiva y razonable. Además, señaló que la trabajadora no había demostrado con datos concretos la pérdida sustancial del crédito que denunciaba. 𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐝𝐚 Aunque la tasa y el piso previstos pueden resultar insuficientes frente a la inflación, el régimen establece un criterio de actualización y no se limita a sumar intereses sobre un capital histórico. Al vincular sus límites con el IPC, incorpora una herramienta para proteger el valor del capital, aunque no garantiza su conservación íntegra en todos los casos. Por eso, 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐚𝐜𝐢ó𝐧, 𝐡𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐜𝐮á𝐥 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐣𝐮𝐢𝐜𝐢𝐨,No alcanza con afirmar que el crédito perdió valor. 𝐂𝐨𝐧𝐬ú𝐥𝐭𝐚𝐧𝐨𝐬. 𝐏𝐨𝐢𝐬𝐬𝐨𝐧 & 𝐅𝐫𝐞𝐲𝐫𝐞 𝐀𝐛𝐨𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬 Fuente: SCBA, “Fernández, Hilda Noemí c/ Ozuna, José Antonio s/ Despido”, L. 130.895. Sentencia registrada el 21/10/2026.

𝐍𝐔𝐄𝐕𝐎 𝐑𝐄𝐂𝐇𝐀𝐙𝐎 𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐆𝐎 𝐄𝐍 𝐂𝐔𝐎𝐓𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐍𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒 𝐋𝐀𝐁𝐎𝐑𝐀𝐋𝐄𝐒: 𝐋𝐀 𝐒𝐀𝐋𝐀 𝐈𝐈 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐍𝐀𝐓 𝐄𝐗𝐈𝐆𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐉𝐀𝐃𝐎𝐑. En “Galeano, Diego Fabián c/ Securitas Argentina S.A. —hoy Secar Security Argentina S.A.— s/ despido” (Expte. 10.525/2023, septiembre de 2026), la Sala II confirmó el rechazo del pedido de pago en cuotas formulado por la empleadora. El fallo aborda el alcance del art. 277 LCT, reformado por la Ley 27.802, que contempla la cancelación de sentencias condenatorias en hasta 6 cuotas mensuales para grandes empresas y hasta 12 para MiPyMEs. Con la liquidación aprobada, la demandada solicitó el fraccionamiento. La jueza de grado lo rechazó por considerar firme la modalidad de pago y por la oposición expresa del actor. La Cámara confirmó el rechazo, con fundamentos distintos. 𝐄𝐋 𝐏𝐔𝐍𝐓𝐎 𝐔𝐍Á𝐍𝐈𝐌𝐄: 𝐂𝐎𝐒𝐀 𝐉𝐔𝐙𝐆𝐀𝐃𝐀 𝐘 𝐃𝐄𝐑𝐄𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎 La Sala descartó que existiera cosa juzgada sobre una facultad que todavía no podía discutirse: la demandada había apelado el 3/3/2026 y la reforma entró en vigencia el 6/3/2026. No cuestionar entonces el plazo de pago no implicaba renuncia ni preclusión. Además, la sentencia no estaba firme al entrar en vigencia la ley. 𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑Í𝐀: 𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐆𝐎 𝐄𝐍 𝐂𝐔𝐎𝐓𝐀𝐒 𝐑𝐄𝐐𝐔𝐈𝐄𝐑𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐈𝐃𝐀𝐃 La Dra. García Vior, con adhesión del Dr. Tula, adoptó una interpretación armonizante que evita declarar la inconstitucionalidad. La norma dice “podrán”, no “deberán”, y no identifica a quién corresponde ejercer esa facultad. Por ello, debe integrarse con el principio de integridad del pago —arts. 868, 869 y 871 CCCN— y el art. 558 bis CPCCN. Desde esa lectura, el fraccionamiento requiere la conformidad del acreedor. Ni el deudor ni el juez pueden imponer la espera. La reforma establece topes de cuotas y un método de actualización, pero no desplaza la necesidad de consentimiento. 𝐋𝐀 𝐌𝐈𝐍𝐎𝐑Í𝐀: 𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐏𝐎𝐑 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐅𝐎𝐑𝐙𝐎𝐒𝐀 El Dr. Sudera entendió que la norma concede al deudor una facultad unilateral, pero la consideró inconstitucional por vulnerar los arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 28 CN y el art. 25 CADH. Su objeción central: obliga al trabajador a financiar a su propio deudor. También señaló la paradoja de beneficiar con el fraccionamiento a quien incumple y resulta condenado, cuando quien paga oportunamente no puede imponerlo. Advirtió, además, la falta de previsión expresa de actualización para las 12 cuotas de las MiPyMEs e invocó el art. 89 de la propia reforma y los precedentes “Vizzoti”, “Aquino” y “Pérez c/ Disco”. 𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐃𝐎 Se confirmó el rechazo del pago en cuotas, con costas por su orden. El mapa jurisprudencial sigue definiéndose. En este fallo, la mayoría de la Sala II sostuvo que la reforma no autoriza a imponer unilateralmente el fraccionamiento de la condena.

𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 | 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐞𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢é𝐧 𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 En un post anterior nos preguntamos: ¿afecta el ejercicio profesional el artículo 56 de la Ley 27.802, que termina imponiendo el pago en cuotas de los honorarios?. Accedé acá: https://lnkd.in/gK962SNB. La respuesta fue afirmativa. Hoy, aquella preocupación ya no es solo doctrinaria: el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal promovió una acción colectiva de amparo para obtener la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802, que modificaron los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. La demanda fue presentada el 26 de marzo de 2026 por Ricardo Gil Lavedra, con el patrocinio de Alejandra García. ¿𝑷𝒐𝒓 𝒒𝒖é 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝒂𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒏 𝒆𝒍 𝒆𝒋𝒆𝒓𝒄𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍? El artículo 10 establece que la pluspetición inexcusable se configura objetivamente ante una sobreestimación de los créditos reclamados y dispone que las costas sean soportadas solidariamente por la parte y el profesional interviniente. El problema no es sancionar conductas abusivas, sino que la responsabilidad del abogado podría quedar ligada al resultado de una estimación, sin exigir temeridad, mala fe o negligencia grave. En una materia atravesada por rubros sujetos a prueba, criterios jurisprudenciales diversos y variables de cuantificación, esa amenaza económica puede desalentar reclamos legítimos y limitar indirectamente el acceso a la Justicia. El artículo 56 permite que las sentencias laborales sean abonadas en hasta seis cuotas mensuales por las grandes empresas y hasta doce por las MiPyMEs. Como señalamos en aquel post, el diferimiento no alcanza solo al crédito del trabajador. También posterga el cobro de los honorarios profesionales, pese a su naturaleza alimentaria y a que el abogado laboralista suele esperar años hasta la finalización del proceso. El CPACF sostiene que ello genera un trato desigual respecto de quienes ejercen en otros fueros. ¿𝑸𝒖é 𝒓𝒆𝒔𝒐𝒍𝒗𝒊ó 𝒍𝒂 𝑱𝒖𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒂𝒉𝒐𝒓𝒂? El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 reconoció la legitimación del CPACF, admitió el trámite como proceso colectivo y ordenó su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema. El colectivo quedó integrado por los matriculados ante el CPACF que litiguen en el fuero del Trabajo. Se descartó la acumulación con la acción promovida por la CGT, al considerar que ambas causas representan intereses colectivos diferentes. No se trata de reclamar privilegios para la abogacía, sino de preservar las condiciones necesarias para ejercer una defensa independiente, responsable y efectiva. Porque defender el ejercicio profesional también es defender el derecho de quienes necesitan acudir a la Justicia. #DerechoLaboral #EjercicioProfesional #AccesoALaJusticia